Denuncian inacción ministerial ante violencia digital contra menor en México
Una menor y su madre enfrentan una campaña de acoso en redes sociales orquestada por el padre, mientras autoridades locales admiten dificultades para aplicar la Ley Olimpia.
Una menor de edad y su madre fueron víctimas de una severa campaña de violencia digital, orquestada presuntamente por el padre de la niña, quien ha incitado a grupos en redes sociales a participar en el hostigamiento contra ambas. Los hechos, que han escalado en las últimas semanas, fueron denunciados ante las instancias correspondientes; sin embargo, las víctimas señalan que la respuesta institucional ha sido insuficiente para contener la embestida de la denominada machósfera en plataformas digitales.
Personal del Ministerio Público encargado de la investigación ha manifestado, de manera informal, dificultades operativas para procesar las denuncias bajo los criterios de la Ley Olimpia. Según reportes de los representantes legales de las afectadas, los funcionarios públicos han argumentado desconocimiento sobre los protocolos técnicos y jurídicos necesarios para tipificar y sancionar este tipo de violencia, lo que ha derivado en una dilación procesal que pone en mayor riesgo la integridad de la menor.
La Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como un delito que atenta contra la intimidad sexual y la dignidad, faculta a las fiscalías estatales para solicitar la eliminación de contenidos y la investigación de los agresores. No obstante, en este caso, la falta de capacitación especializada ha sido señalada como el principal obstáculo para que el Estado mexicano garantice la protección efectiva de las víctimas frente a ataques que trascienden el ámbito virtual.
Especialistas en derechos humanos advierten que esta situación evidencia una brecha crítica entre la legislación vigente y la práctica cotidiana en las agencias del Ministerio Público. La impunidad ante el acoso digital permite que los agresores continúen promoviendo campañas de desprestigio y persecución, ante lo cual las víctimas han solicitado la intervención de instancias de mayor jerarquía para agilizar las medidas de protección y asegurar que la normativa sea aplicada con perspectiva de género.
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