Proponen aumentar impuestos a bebidas alcohólicas por costos en salud pública
Organizaciones civiles y especialistas instan al Congreso a elevar el gravamen sobre el alcohol para mitigar el impacto presupuestario en el sistema de salud mexicano.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han formalizado una propuesta ante la Cámara de Diputados para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas. La iniciativa argumenta que el consumo de estos productos genera una carga financiera creciente para el sistema público de salud, incluyendo al IMSS y al IMSS-Bienestar, debido a la atención de padecimientos crónicos y accidentes relacionados con el consumo excesivo. Los promotores sostienen que los recursos recaudados actualmente son insuficientes para cubrir los costos que el Estado absorbe en materia de prevención y tratamiento médico.
Los especialistas que respaldan esta medida señalan que el aumento en los precios finales al consumidor podría funcionar como una herramienta efectiva para reducir la demanda, especialmente entre sectores vulnerables de la población. La propuesta enfatiza que la política fiscal debe alinearse con las estrategias de salud pública, buscando desincentivar el consumo a través de mecanismos económicos que permitan financiar programas de atención especializada y campañas de concientización. Según los datos presentados por los colectivos, los costos hospitalarios asociados a enfermedades derivadas del alcoholismo representan una presión constante para las finanzas de las instituciones de salud en diversas entidades federativas.
Por su parte, integrantes de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados han recibido la propuesta para su análisis dentro de las deliberaciones sobre el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal. Los legisladores han manifestado que cualquier ajuste en la carga impositiva deberá ser evaluado cuidadosamente para no afectar la cadena productiva ni fomentar el mercado ilegal de bebidas. Hasta el momento, no se ha establecido una postura definitiva por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que deberá analizar la viabilidad técnica y los posibles efectos recaudatorios de esta medida.
El debate sobre la regulación de productos nocivos para la salud ha tomado relevancia en la agenda legislativa actual, con diversos sectores sociales exigiendo políticas más estrictas. Mientras los defensores de la medida insisten en la urgencia de priorizar la sostenibilidad de los servicios de salud, los sectores económicos involucrados en la producción y distribución han solicitado mesas de diálogo para discutir las posibles repercusiones. La discusión continuará en los próximos meses mientras se define el proyecto de presupuesto para el año venidero.
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