Red empresarial despoja de propiedades a adultos mayores en CDMX

Una presunta red empresarial opera en diversas alcaldías de la Ciudad de México mediante la apropiación ilegal de locales comerciales, afectando principalmente a propietarios adultos mayores. Mediante el uso de prestanombres y la saturación de los juzgados con litigios interminables, los implicados buscan el desgaste financiero y emocional de las víctimas para forzar la entrega de sus inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía.

Vecinos y afectados han reportado que el modus operandi consiste en la firma de contratos de arrendamiento o compraventa que incluyen cláusulas abusivas, las cuales son activadas ante el menor incumplimiento o mediante maniobras de impago deliberadas. Una vez iniciado el conflicto legal, la red utiliza tácticas dilatorias para extender los juicios durante años, dejando a los legítimos dueños sin acceso a sus rentas ni a la propiedad de sus activos.

La situación ha generado una creciente preocupación en el sector inmobiliario y entre las asociaciones de defensa de los derechos de los adultos mayores, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de este grupo poblacional frente a estructuras organizadas. Aunque las denuncias ante las fiscalías locales han aumentado en los últimos meses, los afectados señalan que la complejidad de los procesos judiciales dificulta la recuperación de los bienes y la sanción de los responsables.

Expertos en materia civil sugieren que las autoridades capitalinas deben fortalecer la vigilancia sobre las operaciones de compraventa que involucran a personas mayores de 65 años. Asimismo, se ha propuesto la creación de mecanismos de acompañamiento jurídico especializado que permitan detectar patrones de fraude inmobiliario antes de que los procesos legales se conviertan en procesos de despojo sistemático.

Por el momento, los colectivos vecinales han solicitado la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar si existe una estructura coordinada tras estos casos. El objetivo es desmantelar los esquemas de litigio fraudulento y garantizar que los adultos mayores cuenten con la protección necesaria para conservar su patrimonio frente a prácticas abusivas que amenazan su seguridad económica.