IPN y Canal Once presentan denuncia ante FGR por ocupación

Autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la televisora Canal Once presentaron formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la ocupación ilegal de sus instalaciones. El proceso legal busca la restitución de los espacios que permanecen bajo el control de un grupo de manifestantes desde el pasado 21 de mayo, fecha en la que se reportó el ingreso forzoso al recinto educativo y mediático ubicado en la Ciudad de México.

De acuerdo con la querella interpuesta, la ocupación se realizó mediante el uso de la fuerza, lo que ha derivado en la interrupción de las actividades académicas y operativas regulares de la institución. Los representantes legales del IPN han señalado que el acceso a los edificios ha sido restringido, afectando tanto a la comunidad estudiantil como al personal administrativo y técnico que labora en la televisora pública.

La denuncia ante la FGR solicita la intervención de las autoridades federales para garantizar la seguridad en el inmueble y salvaguardar el patrimonio institucional. Hasta el momento, el equipo jurídico de la casa de estudios ha colaborado con el Ministerio Público Federal para aportar los elementos de prueba necesarios que permitan esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables de la toma.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha mantenido un seguimiento puntual sobre el estado de las instalaciones. Aunque se han buscado canales de diálogo para resolver el conflicto de manera pacífica, la vía judicial se ha vuelto necesaria ante el prolongado periodo en que se ha mantenido la ocupación y las dificultades para retomar las funciones sustantivas del IPN y Canal Once.

Se espera que, tras la presentación de la denuncia, la FGR inicie las diligencias correspondientes para desahogar las investigaciones necesarias. Las autoridades educativas han reiterado su compromiso con la legalidad y la apertura al diálogo, siempre y cuando se respete el marco institucional y se permita el retorno seguro de los trabajadores y alumnos a sus actividades cotidianas.