Gobierno mexicano propone nuevo impuesto a dispositivos electrónicos y almacenamiento

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a trabajar en una propuesta legislativa que busca establecer un gravamen sobre dispositivos electrónicos de consumo personal. De acuerdo con los borradores iniciales, el esquema contempla un cargo de hasta el 2% sobre el valor comercial de equipos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y memorias USB, bajo el argumento de compensar a los creadores de contenido por el uso privado de sus obras.

El proyecto, que ha generado diversas reacciones en el sector tecnológico, plantea que este cobro funcionaría como un derecho por copia privada, similar a modelos implementados en otras latitudes. La intención del Ejecutivo es integrar este mecanismo para fortalecer los fondos destinados a la propiedad intelectual, argumentando que la capacidad de almacenamiento y reproducción de los dispositivos actuales facilita la distribución de materiales protegidos por derechos de autor sin una retribución directa a los creadores.

Para que esta propuesta se convierta en ley, deberá ser enviada por la administración federal al Congreso de la Unión, donde tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República deberán analizar su viabilidad económica y social. Especialistas en el ámbito fiscal han señalado que una medida de esta naturaleza impactaría directamente en el precio final de los productos tecnológicos, lo que podría influir en el mercado interno y en la capacidad de adquisición de los consumidores mexicanos.

Representantes de cámaras industriales y asociaciones de consumidores han expresado la necesidad de una mesa de diálogo antes de que se formalice cualquier iniciativa. Por su parte, las autoridades culturales sostienen que el objetivo central es modernizar la legislación vigente para adecuarla a la era digital, asegurando que la recaudación resultante se gestione de manera transparente bajo los lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.