Gobierno federal contempla uso de agua salada en extracción de hidrocarburos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con la Secretaría de Energía, ha dado a conocer una nueva directriz técnica que permite la utilización de agua salada en procesos de extracción de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico. Esta medida, presentada esta semana en la Ciudad de México, busca diversificar las fuentes de suministro para las operaciones de PEMEX y reducir la presión sobre los acuíferos destinados al consumo humano y las actividades agrícolas en diversas regiones del país.

De acuerdo con la información emitida por el equipo de la Oficina de la Presidencia, el uso de agua no tratada o salina representa una alternativa técnica para disminuir el impacto ambiental en las zonas de explotación. Se ha señalado que esta estrategia permitiría optimizar el rendimiento de los yacimientos sin comprometer la disponibilidad de agua dulce, un tema que ha sido prioridad en la agenda de la actual administración federal.

Fuentes del sector energético explicaron que esta propuesta técnica se encuentra actualmente en fase de revisión normativa para asegurar el cumplimiento de los protocolos de protección ambiental establecidos por la SEMARNAT. El objetivo es implementar procesos de inyección de fluidos que incorporen agua con altos contenidos de sales, evitando así el desvío de recursos hídricos que son fundamentales para las comunidades locales y el desarrollo de sus actividades económicas diarias.

La administración federal sostiene que esta técnica no debe entenderse como una apertura irrestricta a la explotación convencional, sino como una adaptación tecnológica para los proyectos de extracción de gas no convencional. Se espera que las dependencias involucradas presenten en las próximas semanas los lineamientos detallados sobre las zonas donde se aplicarán estas pruebas piloto, priorizando siempre la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la salvaguarda de los recursos naturales del país.

El anuncio ha generado expectativas en el sector industrial, mientras que diversas organizaciones ambientales han solicitado mayor transparencia sobre los protocolos de manejo de residuos. El gobierno federal ha reiterado que cualquier actividad de este tipo deberá contar con estudios de impacto ambiental rigurosos, supervisados por las autoridades correspondientes, para garantizar que la transición hacia este modelo de operación cumpla con los estándares de seguridad y protección al medio ambiente vigentes.