Desafíos legales y económicos marcan el regreso a clases para madres solteras

Ante el inminente inicio del ciclo escolar 2026-2027 en México, miles de madres enfrentan una carga económica desproporcionada debido a la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Este problema, que se agudiza con los gastos de útiles, uniformes y cuotas escolares, evidencia una falla estructural en el sistema de justicia familiar que perpetúa la violencia económica contra las mujeres que han optado por separarse de sus parejas.

El proceso para gestionar una pensión alimenticia ante los tribunales locales suele convertirse en un martirio burocrático que se prolonga por meses o incluso años. Las madres reportan que, aun cuando logran una sentencia favorable, la ejecución de la misma enfrenta constantes obstáculos, desde la ocultación de ingresos por parte de los deudores hasta la falta de herramientas efectivas por parte de las autoridades para garantizar el pago puntual y constante.

Especialistas en temas de género señalan que el diseño del sistema judicial en México parece favorecer la dilación, lo que permite que los deudores eludan sus responsabilidades bajo tecnicismos legales. Esta situación no solo afecta la estabilidad emocional de las mujeres, sino que vulnera directamente el derecho de los menores a contar con los recursos necesarios para su educación y desarrollo integral, contraviniendo los principios del interés superior de la niñez.

Ante este panorama, diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto reformas para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y endurecer las sanciones contra quienes evaden el pago de sus pensiones. Se busca que la SEP, en coordinación con las autoridades de justicia, pueda implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones como un requisito indispensable para el acceso a trámites administrativos, evitando así que los niños carguen con las consecuencias de la irresponsabilidad parental.

El regreso a clases funciona en este contexto como un recordatorio anual de la brecha de desigualdad que persiste en el ámbito familiar mexicano. Mientras los costos de la educación continúan al alza, la carga recae mayoritariamente sobre las mujeres, quienes deben sortear no solo los gastos escolares, sino una burocracia que, lejos de protegerlas, parece diseñada para obstaculizar el ejercicio pleno de sus derechos económicos.