Analistas cuestionan eficacia de la actual estrategia de seguridad pública en México

Especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupaciones sobre la actual estrategia nacional implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con la Guardia Nacional. A mediados de 2026, diversos observatorios ciudadanos señalan que los indicadores de violencia en múltiples estados del país no muestran una tendencia a la baja, lo que sugiere que los esfuerzos institucionales actuales no están logrando garantizar la tranquilidad pública ni el Estado de Derecho en las zonas con mayor incidencia delictiva.

El núcleo de la crítica radica en la naturaleza de la política de seguridad, la cual, según analistas del sector, parece enfocarse en la administración del conflicto antes que en la desarticulación de las estructuras criminales. Se argumenta que los intereses que se protegen actualmente no siempre coinciden con las necesidades de las víctimas ni con el fortalecimiento de las instituciones civiles, generando una percepción de vulnerabilidad en la población que persiste a pesar del despliegue de fuerzas federales en el territorio nacional.

Desde la perspectiva de los expertos, la falta de coordinación efectiva entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades estatales ha impedido que las investigaciones judiciales alcancen resultados tangibles en la reducción de la impunidad. Esta desconexión institucional ha sido señalada como uno de los factores principales por los cuales la estrategia actual es percibida por sectores académicos como una política de inseguridad, en lugar de un programa integral de pacificación nacional basado en la legalidad.

Por su parte, el equipo de la administración federal ha reiterado que las acciones de seguridad se mantienen en constante evaluación y que se buscan ajustar los protocolos de operación para mejorar la proximidad con la ciudadanía. Se han propuesto nuevas mesas de trabajo interinstitucionales que incluyen a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a las autoridades municipales, con el objetivo de replantear el despliegue territorial y fortalecer la prevención social del delito en las regiones más afectadas por la violencia.

La controversia sobre el rumbo de la seguridad pública continúa siendo un tema central en el debate dentro de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Mientras los legisladores discuten posibles reformas presupuestales para las instituciones de seguridad, la sociedad civil mantiene su exigencia de una política que garantice efectivamente el derecho a la paz y el pleno respeto a los derechos humanos en todas las entidades federativas del país.